La Paz, 10 oct (EFE).- El ex-presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), presentó este jueves, a través de su abogado, una excusa legal para no asistir a la citación de la Fiscalía por el caso en el que es investigado por «trata de personas» y «estupro».
«Hemos presentado un memorial y hacer conocer esta sentencia constitucional que ordena que se remitan las actuaciones procesales a Cochabamba», informó Jorge Pérez, el abogado titular del ex-gobernante y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
La denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana señala que Morales habría cometido los delitos de «trata de personas» y «estupro» con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el político durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.
Según la investigación, esos hechos ocurrieron en la región sureña de Tarija; sin embargo, el abogado Pérez manifestó que el caso se debe indagar donde sea «habida» la persona acusada, es decir, en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, donde vive el ex-gobernante.
Para la defensa del ex-presidente, la sentencia constitucional es un «impedimento legal» para que Morales se presente a declarar.
A esa situación legal se suman los «impedimentos materiales» que no dan las garantías correspondientes de seguridad para el investigado.
Pérez criticó el movimiento de más de 600 policías en Tarija que el Gobierno de Luis Arce instruyó para la posible declaración de Morales.
«Definitivamente hay un escenario de amedrentamiento», opinó el abogado, que fue ministro de Gobierno (Interior) durante la gestión de Morales.
Las organizaciones sociales que siguen a Morales advirtieron esta jornada que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el ex-presidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.
El ex-mandatario boliviano manifestó que se defenderá de esa «batalla jurídica», que para él no es más que una «persecución política», y anunció que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo «gratuitamente».
La denuncia en contra del ex-presidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros, Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al Gobierno de Arce, con quien mantiene una pelea por el control del MAS.
El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra del líder del MAS.
