Washington, 16 jun (EFE News).- El sector petrolífero estadounidense confía en que las dificultades que sus empresas están experimentando en México en los últimos meses se resuelvan después de que solicitaran a las autoridades de su país su intervención ante el Gobierno mexicano.
El lunes se supo que el American Petroleum Institute (API), la organización que agrupa a centenares de empresas del sector del gas y el petróleo en Estados Unidos, envió la semana pasada una carta a las autoridades estadounidenses en las que denuncia la «discriminación» que están sufriendo sus asociados en México.
El API explicó a los secretarios de Estado, Energía y Comercio así como al representante de Comercio Exterior de Estados Unidos que «las acciones recientes tomadas por el Gobierno de México socavan» el mercado y «discriminan contra los inversores de Estados Unidos».
Según el API, las acciones de las autoridades mexicanas violan los compromisos adquiridos tanto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este martes, Scott Lauermann, portavoz de API, declaró a Efe que el sector confía en que la disputa que se ha generado entre las empresas estadounidenses y el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se resuelva tras el envío de la misiva.
«Hemos apoyado desde hace mucho tiempo el T-MEC. Seguimos apoyando la implementación del acuerdo comercial. Pero hay aspectos relativos a algunos programas regulatorios que provocan preocupación. Hemos expresado esas preocupaciones a los canales diplomáticos estadounidenses con la esperanza de que puedan ser resueltos», afirmó Lauermann.
En concreto, API denunció que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México está retrasando la concesión de permisos para transferir la propiedad de estaciones de servicio que la normativa señala tiene que suceder en un máximo de 90 días.
«La CRE también solicita información adicional para emitir los permisos, lo que no está establecido en las regulaciones, hasta el punto de denegar los permisos a las compañías después de varios retrasos», añadió el API lo que estaría dificultando las operaciones de empresas como Chevron, Valero y ExxonMobil.
Hoy, las autoridades mexicanas negaron las acusaciones de discriminación pero sin entrar en el fondo de las acusaciones del API.
En un comunicado, el procurador federal del Consumidor de México, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que todas las franquicias en el país «deben cumplir con las Leyes y Normas Oficiales Mexicanas» y añadió que el proceso de verificación que existe en México «no es nada diferente a lo que se realiza en Estados Unidos».
Fuentes del sector en Estados Unidos indicaron a Efe que las autoridades mexicanas no han entablado ningún tipo de conversación con los representantes de la industria estadounidense pero que esperan que, tras la misiva del API, el Gobierno de López Obrador y las autoridades estadounidenses discutan la problemática.
Pero las mismas fuentes indicaron que no esperaban una reacción inmediata del secretario de Estado, Michael Pompeo, o del secretario de Comercio, Wilbur Ross, dos de los receptores de la carta del API, dada la situación de emergencia que existe por la pandemia de COVID-19.
«Esperemos que la diplomacia pueda resolver estas diferencias», señalaron fuentes estadounidenses.
