CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República analiza una reforma que busca crear el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil, ello ante la prevalencia de esta práctica en el país y su detonación a raíz de la pandemia que obligo a millones de familias a buscar opciones de sobrevivencia ante la falta de empleo e ingresos.
La senadora por Morena, Gricelda Valencia de la Mora, presentó una iniciativa que busca que dicho plan sea un instrumento de política pública que defina la estrategia que revierta las cifras de 3.3 millones de menores que están involucrados en el trabajo infantil en México y cuyas cifras pueden haberse incrementado a raíz de la pandemia del Covid-19.
«El trabajo infantil es inaceptable en cualquier circunstancia, y el impacto del Covid-19 incrementa el riesgo de que niñas, niños y adolescentes dejen la escuela para trabajar en situaciones que atenten contra su integridad física y psicológica», argumentó la legisladora.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI, 2019) del Instituto Nacional. de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes realizan trabajo infantil, del total, 2 millones laboran en «ocupaciones no permitidas».
Con base en los datos del Módulo de Trabajo Infantil, como parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), entre el 2011 y el 2017, el trabajo infantil entre menores de 5 a 17 años habría disminuido de 3.03 millones a 2.32 millones; es decir, 71 5,000 NNA en un periodo de 6 años.
«No obstante, estas cifras nos indican que hay que hacer mucho más para alcanzar las metas y objetivos vigentes para frenar la explotación laboral y las peores formas de trabajo infantil. Frente a esta situación actual descrita, diversas organizaciones de la sociedad civil han reparado para realizar algunas recomendaciones para erradicar el trabajo infantil.»
Expuso que entre los cambios que se requieren y que estarían contemplados en dicho plan que se propone están la prohibición explícita en códigos y políticas internas el trabajo infantil en menores de 15 años de edad, así como de actividades peligrosas en menores de 18 años y mayores de 15 años de edad.
La asignación de recursos públicos suficientes para garantizar protección integral a las niñas, niños y adolescentes; así como la inversión en programas de desarrollo para que las y los jóvenes y las familias accedan a medios de vida y empleos dignos.
