México, 21 oct (EFE).- El Senado de México aprobó este miércoles la supresión de 109 fideicomisos públicos tras casi catorce horas de discusión, una medida impulsada y aplaudida por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
«La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro. Por eso mi agradecimiento a los legisladores», expresó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Con 64 votos a favor y 39 en contra, la Cámara alta ratificó el dictamen que ya había aprobado la Cámara de Diputados para suprimir 109 fideicomisos por un valor conjunto de más de 68.000 millones de pesos (unos 3.100 millones de dólares).
Esa medida implica acabar con los fondos de apoyo a temas tan diversos y críticos como la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas o la financiación de proyectos científicos y culturales, pese a que López Obrador insistió que ahora los repartirá de manera directa y evitará la corrupción.
«No les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores. No van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos», reiteró al conocer la supresión de estos fondos.
López Obrador manifestó, pese a la controversia, su satisfacción por acabar con estas «estructuras paralelas sin control que se fueron creando durante el periodo neoliberal con el único propósito de manejar fondos públicos, dinero del pueblo, sin ser vigilado, fiscalizado, y para provecho personal».
La nueva legislación ha creado tanta polémica que el pleno del Senado tuvo que reunirse y votar en su antigua sede, en el centro histórico de Ciudad de México, ya que la actual lleva días tomada por afectados por los recortes.
Además del partido del presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), apoyaron la iniciativa legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Encuentro Social.
Los fondos ahorrados con esta supresión «se van a destinar al bienestar del pueblo», explicó el mandatario, pese a que el dictamen solo contempla que deben centralizarse en los 30 días siguientes a su entrada en vigor.
Este miércoles, López Obrador apuntó que ha ordenado «una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos» para administrar correctamente los recursos que debe estar finalizada «a más tardar en tres meses».
«Una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos. Auditoría financiera, administrativa, técnica. Y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República», indicó.
