CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).-
La Fiscalía Capitalina dio a conocer que suman 60 inmuebles entre condominios y departamentos de lujo, cateados todos ligados a funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez y que integran el llamado «Cártel Inmobiliario», además la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisa los dineros de Cristian Von Roerich, pues detectaron que su fortuna y la de su familia incrementó hasta en 300 millones de pesos mientras fue delegado en dicha demarcación.
De los inmuebles cateados, de entre los que destacan predios, casas y departamentos, son nueve los directamente relacionados a la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad.
«Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado».
«Algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos», dijo el vocero Ulises Lara.
La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas con dichas personas, incluyendo servidores públicos.
«De esta forma, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita».
«Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal», puntualizó el funcionario.
