México, 14 oct (EFE).- Las empresas tecnológicas aceptan pagar los impuestos correspondientes pero piden más tiempo y ajustes a las iniciativas fiscales del Gobierno mexicano, expresó este lunes la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a compañías como Facebook, Google, Mercado Libre, Airbnb y Amazon.
Aunque las plataformas reconocen la necesidad de un cambio, piden a los legisladores y funcionarios federales que amplíen la discusión en lugar de incluir medidas inmediatas en el Paquete Económico 2020, que discute ahora el Congreso, indicó Sissi de la Peña, representante de la ALAI, en entrevista con Efe.
«Si hay algo a lo que estamos acostumbradas es al cambio y la materia fiscal no es la excepción, pero sí creemos que, para no afectar esta innovación y esta economía digital que siempre está en constante cambio, tenemos que analizarlo de manera detallada», comentó De la Peña tras una rueda de prensa en Ciudad de México.
Para aumentar la recaudación fiscal para el presupuesto del próximo año, el Gobierno mexicano ha propuesto aplicar impuestos a plataformas digitales, como Netflix y Uber, además de las que conforman la ALAI, y desconectar a aquellas que incumplan, lo que ha despertado críticas de estas empresas y legisladores de oposición.
Ante la controversia, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Arturo Herrera, afirmó el 3 de octubre en el Senado que no crearán nuevos gravámenes, sino un mecanismo que aplique los ya existentes a la economía digital, que representa más del 5 % del producto interno bruto (PIB).
Aun así, la ALAI considera que hay poco tiempo de adaptación al cambio fiscal, que entraría en vigor en abril próximo, lo que afectaría la operación de las empresas, sobre todo de pequeñas y medianas, porque también se pretende «aplicar una fórmula única» para todas las plataformas, aunque sean de naturaleza distinta.
Además, De la Peña detalló que las empresas necesitarán pedir más información a los usuarios, como datos fiscales, porque la iniciativa las obligaría a trabajar con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de una manera diferente para recaudar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
«Es información tan importante, tan sensible, que tienes que saber cómo manejas, dónde la almacenas, quién la usa, quién la ve, quién tiene acceso. Ahí estoy hablando de muchos temas de seguridad que las empresas mismas van a tener que considerar en implementar los sistemas para cumplir con lo que pide Hacienda», comentó.
Asimismo, De la Peña lamentó que los cambios propuestos se alejen de «la realidad internacional» porque, entre otras cosas, contempla como sanción desconectar a las plataformas digitales que incumplan con las disposiciones fiscales, lo que califican de «anticonstitucional» por atentar contra la libertad de expresión.
«En ninguno de los países se proponía un sistema tan rígido como el que se propone en México. Entonces lo que nosotros proponemos es esa experiencia que ya tenemos en 48 países, y sobre todo en sistemas similares latinoamericanos (Uruguay, Argentina y Colombia), traerla a la mesa con autoridades mexicanas», manifestó.
Por otro lado, Luis Antonio González, abogado fiscal del despacho Sánchez Devanny, expuso que algunos de los cambios aún se discuten a nivel internacional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Advirtió que las iniciativas podrían ser contraproducentes, pues podrían alejar a los pequeños comerciantes de las plataformas digitales y empujarlos a la informalidad, además de castigar a las empresas emergentes, también conocidas como «start-ups».
«El esquema de retención es un esquema que de entrada afecta a todos, pero con mayor incidencia a los pequeños por el tema de que no van a tener el flujo para su operación», dijo a EFE.
