El histórico fraude a Segalmex alcanzó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues según investigaciones del caso, la máxima casa de estudios resultó timada con más de 213 millones de pesos, cantidad que presuntamente fue tomada del fondo de pensiones y por lo que ahora está en riesgo el pago de las pensiones a los catedráticos.
De acuerdo a los resultados de la investigación que se publicaron y documentaron por el diario español El País, en el multimillonario fraude que se le maneja como “La Estafa Ponzi” y que involucra a un grupo de ex-funcionarios y empresarios mexicanos, la Fiscalía General del Estado también pudiera estar involucrada como afectada con un monto de 66 millones de pesos, además de la UAA.
Ex-autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como ocurrió también con autoridades de diversas instituciones públicas del país, fueron convencidos para invertir en el sistema de negocios manejado por los defraudadores, con la promesa de alcanzar rendimientos muy altos (del 11 al 13% anual) y el pago de una “comisión de colocación” del 5% del total de los recursos comprometidos.
La información que presentó El País refiere que el esquema que siguieron los defraudadores consistió en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa en representación de compañías de René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, sin tener manera de respaldar las inversiones.
El esquema Ponzi, con el que se defraudó a la Autónoma de Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado y a muchas instituciones públicas y privadas más en el país, se gestó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sigue operando aún en Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La referida investigación da cuenta de que en este caso, la UAA invirtió 213 millones de pesos en el esquema, en tanto que la Fiscalía General del Estado pagó otros 66 millones de pesos, sin que se establezca con exactitud en qué años se hicieron las inversiones, sus plazos de vencimiento y tampoco se revelan nombres de los funcionarios que estuvieron directamente involucrados en esta estafa con la que se comprometen las pensiones de los catedráticos de la Autónoma, toda vez que quienes investigan el caso dan por perdido todo el dinero “invertido” por instituciones públicas, recursos de escuelas del nivel superior como la UAA y hasta de la Fiscalía General del Estado.
