Washington, 25 sep (EFE News).- Un tribunal federal aprobó este viernes la continuación de la demanda que la Cámara de Representantes inició el año pasado contra el uso de fondos asignados al Pentágono para la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos, con el cual el presidente Donald Trump pretende detener la inmigración ilegal.
En una decisión unánime, el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia desechó la decisión de un tribunal menor que había desdeñado la demanda legal iniciada por legisladores demócratas.
La construcción del muro a lo largo de la frontera de 3.200 kilómetros y el pago de la obra por parte de México fueron dos de las promesas más repetidas por Trump en su campaña presidencial de 2016, pero hasta ahora solo se han construido unos 500 kilómetros de vallas, y México no ha pagado un centavo.
En febrero de 2019, después de una larga disputa presupuestal que incluyó el cierre parcial del Gobierno federal, el Congreso aprobó 1.380 millones de dólares para la construcción de cercas en el sureste de Texas, muy por debajo de los fondos que había pedido Trump.
A fin de llevar a cabo las tareas, Trump declaró que había una «emergencia nacional» con el arribo de miles de migrantes a la frontera, y dijo que usaría 601 millones de dólares del fondo donde el Departamento del Tesoro deposita activos incautados, más 2.500 millones de dólares asignados por el Congreso para el Pentágono y 3.600 millones de dólares asignados para proyectos de construcción militar.
Los demandantes recordaron que la Constitución da a la Cámara de Representantes la autoridad para la asignación de fondos, y alegaron que Trump se había excedido de sus atribuciones.
El Tribunal de Apelaciones dictaminó que la Cámara había sido «privada de su papel legislativo constitucionalmente indispensable» cuando Trump transfirió unos 8.000 millones de dólares para la construcción de barreras en la frontera.
La autoridad del Congreso en la asignación de gastos «es una protección estructural central de la Constitución, un muro por así decirlo, entre las ramas del Gobierno para impedir la disminución del ‘poder de la billetera’ de la Cámara y del Senado», indicaron los tres jueces.
Con esta decisión, la causa retorna al juez del Distrito Federal, Trevor McFadden, designado por Trump, quien había dictaminado en abril del año pasado que el Congreso carecía de autoridad para iniciar la querella.
