Phoenix (AZ), 3 mar (EFE News).- Lo que se inició como un desacuerdo por una falta durante un juego de fútbol en una cancha comunitaria de Arizona terminó con la detención del mexicano Saúl García, su traslado al temido Centro de Detención de Eloy y una posible deportación.
«Fueron problemas de pasión futbolera. Recuerdo que ese día no iba a jugar, pero faltó gente y me puse de portero. No llevaba ni veinte minutos el partido cuando el árbitro marcó un ‘foul’ que no era, y pues nos hicimos de palabras y le di una cachetada», relató a Efe García, quien emigró de Colima (México) a Arizona desde hace más de dos décadas.
Luego del incidente se levantó un reporte policiaco y García tuvo que acudir a la comandancia, pagó una multa de 400 dólares, le tomaron las huellas digitales y lo mandaron a clases para controlar la ira. Hasta ahí pensó que el caso estaba cerrado, y el inmigrante recuerda con humor que los policías se estaban riendo por el «reporte futbolero».
Lo que no esperaba García, padre de tres hijas, dos de ellas nacidas en Estados Unidos, era que a la semana del suceso en la unidad deportiva, un auto encubierto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo estuviera esperando en la esquina de su casa para detenerlo.
«Cuando salí a trabajar por la mañana, de repente se dejó venir una troca (camión) que me siguió, luego me pararon, me preguntaron mi nombre y me arrestaron. Iban vestidos de civiles, pero se presentaron como agentes de migración», recordó.
El «pleito» de García, que se tipifica como un delito menor de agresión y que generalmente se resuelve con una multa de 400 dólares o 30 días de cárcel, es una plataforma legal que utiliza migración para la deportación de migrantes.
Hugo Larios, abogado de inmigración en Phoenix (Arizona), señaló a Efe que «se valen (permiten)» estas prácticas que usa el ICE para lograr identificar a personas indocumentadas, ya que la agencia tiene la autorización legal de iniciar un trámite de deportación si existe la sospecha que la persona es indocumentada.
«Y esa información se la da la policía cuando la gente admite su estatus legal en el país. No debemos olvidar que en la Administración de Donald Trump todos son deportables. El contacto con la policía es un alto riesgo para ser identificado por migración», advirtió.
Aunque el Departamento de Policía de Phoenix establece que los oficiales no deben cuestionar la situación migratoria de las víctimas o testigos de delitos, «la intimidación orilla a la mayoría de las personas a admitir que no tiene papeles».
«Y una vez que son detenidos por el ICE, 99,9 por ciento de las personas declaran todo, aunque tengan el derecho de rehusarse a dar información. Es ahí de done se agarra migración para lograr su objetivo de deportación en colaboración con la policía», aseguró Larios.
Una vez que García admitió su estatus en el país, fue llevado a Florence y luego lo mandaron a Eloy, donde permaneció más de tres meses antes de pagar una fianza de 10.000 dólares para llevar su proceso desde el exterior.
«Fue muy difícil estar encerrado. Te dan muy poca comida, es mala y en ocasiones está caducada. Recuerdo que una vez a la semana nos daban una pieza de pollo y era un manjar; muchos la vendían para poderse comprar cuatro sopas de vaso», recordó.
Su detención devastó a sus hijas y a su esposa, Margarita, que empezó un viacrucis con abogados y pagos que obligó a la familia a organizar venta de comida para recaudar fondos y saldar los honorarios legales y la fianza de García, que en total rebasaron los 18.000 dólares.
«El mundo cambia en cinco segundos: a mí me cambió la vida», reconoció.
García y su esposa cruzaron por Nogales en 1996 y formaron una familia en Arizona. Desde hace dos décadas él trabaja en una compañía de construcción y su casa ya está pagada, así que el solo hecho de pensar en iniciar una nueva vida en México se les hace casi imposible.
«Nuestra intención es quedarnos. Una de mis hijas tiene asma y la otra sufre de depresión, y es aquí donde están mejor atendidas y tienen su vida, pero tenemos que esperar qué es lo que resuelve la corte», indicó.
Actualmente los abogados de García apelaron su caso y su próxima cita con el juez de migración es dentro de un año, cuando se decidirá su futuro en Estados Unidos.
«Así es esto: sabemos que estamos en otro país y hay que acatar las reglas. Uno reflexiona en prisión. Todo esto que me pasó me cambió mucho la vida. En lugar de perjudicarme me ha servido para mi bienestar espiritual y personal», dijo García, quien tiene fe en que las autoridades migratorias sean «piadosas» en su caso.
