Madrid, 24 nov (EFE).- Juristas internacionales integrarán un «tribunal ético» que, con sede en Madrid, se dedicará a analizar y dictaminar sobre casos y procesos que consideren relevantes de «persecuciones» judiciales, «genocidios, crímenes de lesa humanidad, de guerra y medioambientales».
Presentado este domingo en rueda de prensa en la capital de España, el exjuez español Baltasar Garzón precisó que el denominado «Tribunal de Acción Común» no es un órgano jurisdiccional y, por tanto, no emitirá sentencias, sino «dictámenes».
Tampoco será «inquisitorial», pues dará voz a la parte demandada -si quiere participar voluntariamente-, y no se regirá por interés económico.
Su acción se basará en los principios de «imparcialidad y objetividad» y en el «más alto rigor jurídico» de sus miembros como mecanismo que ayude a denunciar «deficiencias» judiciales en el mundo y avanzar en los derechos humanos, subrayó la guatemalteca Renata Ávila, abogada de Rigoberta Menchú y Julian Assange.
La independencia judicial, la presunción de inocencia, el derecho de defensa están en riesgo de manera expansiva en el mundo, opinó Ávila, secretaria del «Tribunal de Acción Común».
En 2020 se ocupará de casos de utilización política de la justicia y de los aquellas personas que son perseguidas por denunciar corrupción («alertadores»).
El jurista constitucionalista argentino Eduardo Barcesat aseguró que actualmente el Estado de Derecho fundado en la división de poderes y los tratados internacionales de derechos humanos está siendo relegado en instancias judiciales.
Por eso, en estos momentos «recuperar el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria», apuntó.
La relatora de la ONU sobre asesinatos selectivos y ejecuciones arbitrarias, Agnès Callamard, habló de manipulaciones de procesos judiciales y de impunidad en la muerte violenta de activistas medioambientales y reporteros, además de comentar que el proceso en Arabia Saudí para aclarar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi está siendo extremadamente imperfecto.
Garzón denunció la «utilización política» de la Justicia y citó casos en Iberoamérica como el del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para decir que se constata «una especie de sumisión del poder judicial al ejecutivo» o que aquel se pone «al servicio» de éste según convenga.
Sobre cómo garantizar la independencia de éste órgano, Barcesat mencionó los principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia de los miembros.
Los integrantes del «tribunal» son expertos en Derecho Internacional y «apolíticos», apostilló Wadah Khanfar, exdirector de la cadena catarí Al Jazeera.
Todos ellos participaron entre el viernes y hoy en un foro sobre seguridad y derechos ciudadanos organizado en Madrid por la fundación Common Action Forum.
