(EL UNIVERSAL).- Lo que se censura o no en redes sociales como Twitter y Facebook debe ser tarea de los tribunales y las instituciones democráticas, no de Ministerios de la Verdad o empresas privadas propietarias de las mismas plataformas.
La actuación de las compañías que operan las redes sociales debe apegarse a un marco regulatorio claro, transparente y que defina las reglas del juego, hoy inexistentes en el mundo digital.
Para ello, la Unión Europea requiere dotarse de normativas y no conformarse solamente con la existencia de guías de actuación redactadas por las propias empresas privadas.
Esa fue la conclusión del debate celebrado en el hemiciclo del Parlamento Europeo sobre el escrutinio democrático de las redes sociales y la protección de los derechos fundamentales, un tema que ha ido tomando fuerza en Bruselas desde el asalto al Capitolio y la cancelación de la cuenta de Twitter del entonces presidente Donald Trump por incitar a la violencia.
«Son las instituciones democráticas, nuestros tribunales, nuestras leyes las que tienen que definir las reglas del juego, definir que es ilegal y qué no es, lo que se tiene que retirar y lo que no se debe retirar», aseguró Ana Paula Zacarias, Secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Portugal, quien habló en nombre de la presidencia semestral del Consejo Europeo.
«Sin el escrutinio democrático y un terreno de juego equilibrado, hay un riesgo para los usuarios, así como para la participación pública», pues el poder de moderar los contenidos hoy recae en manos de unos cuantos hombres de negocios que ven sólo por intereses particulares.
Si bien es cierto que el espacio virtual se ha convertido en caldo de cultivo de teorías de la conspiración y la proliferación de noticias falsas, aseguró que las mejores herramientas para contrarrestar estos fenómenos son la educación en medios de comunicación y el alfabetismo digital.
«El hecho de que las plataformas tecnológicas puedan suprimir una cuenta de un presidente basándose en criterios vagos y sin supervisión es algo preocupante», dijo la Comisaria Europea responsable de la cartera de Transparencia, Vera Jourová.
«La incitación a la violencia por parte del Presidente Donald Trump sí merecía acción, pero es hora de controlar el poder infinito de este tipo de plataformas».
La apuesta comunitaria, explicó, es diseñar un marco regulatorio en el que se establezca claramente las obligaciones y responsabilidades de los actores digitales salvaguardando la libertad de expresión y evitando la censura.
La Comisión Europea propone concretamente aumentar la rendición de cuentas de las plataformas en línea, reforzar las acciones para un mayor control de los algoritmos y evitar que las grandes empresas puedan tomar decisiones arbitrarias.
«Hay que centrarnos en las técnicas de manipulación, por eso voy a proponer una legislación sobre la publicidad en línea. Lo que es ilegal en el mundo real tiene que serlo en el virtual».
«Debemos poner orden y acabar con el lejano oeste digital», enfatizó.
El debate tuvo lugar en un momento en el que la Unión Europea trabaja sobre una ley sobre servicios digitales y el marco jurídico sobre el mercado digital.
Bruselas pretende establecer reglas para las plataformas, así como las acciones a tomar para abordar el contenido nocivo o ilegal en línea, como la desinformación y la incitación a la violencia.
Para le eurodiputada socialista Marina Kaljurand, la UE está obligada a actuar debido a que las herramientas actuales contra la desinformación y el discurso de odio son «insuficientes para contrarrestar el asalto a nuestra democracia».