Lo que vendría a ser una buena noticia para la educación en México, también es un tema que desata polémica.
Universidades públicas estarían obligadas por tribunales federales a que admitan a estudiantes sin que paguen una sola de las cuotas.
Sería una buena noticia si el sistema escolar en el país fuera soportado de manera autónoma por las grandes escuelas, pero ayer mismo 35 instituciones de educación superior en todo el país se lamentaron que los recursos extraordinarios asignados a las universidades públicas descenderán drásticamente para el siguiente año.
Mientras que en 2015 eran de 6,879 millones de pesos, para el año 2021 descenderán a 102 millones de pesos, con lo que prácticamente ajustaron el cinturón de manera drástica y las instituciones tendrán que hacer mucho con muy poco presupuesto.
Enorme reto tienen ante sí los rectores de las universidades públicas estatales de seguir ofreciendo educación de calidad con grandes carencias de recursos.
El secretario ejecutivo de la ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, expresó a nombre de decenas de rectores la preocupación por el deterioro del presupuesto dedicado a la educación superior, que genera un ambiente de incertidumbre y reduce las capacidades de las instituciones educativas, lo que pone en riesgo la misión que la sociedad les encomendó.
Pero la decisión está tomada por la Federación y que pese a las auditorías practicadas a las universidades públicas, y que se comprobara, según rectores, hasta el último peso invertidos en ellas, la realidad es que tendrán que ser creativos y rascarse con sus propias uñas.
La gran mayoría de estudiantes de las universidades públicas piden, durante el tiempo que dura su carrera, apoyo para costear sus estudios mediante becas, fideicomisos, préstamos, a lo que los rectores suponen también tendrán que ser disminuidos, en perjuicio de los alumnos con necesidades.
Este es un golpe duro para las universidades públicas, la primera opción para profesionalizarse de cientos de miles de jóvenes que no tendrían la oportunidad de costear una universidad privada, pues a pesar de que tienen muchas facilidades de pago, no dejan de ser instituciones que no están al alcance de la mano de la mayoría.
Se espera que los mayores perjudicados sean los estudiantes, que no adquirirán las suficientes herramientas para salir a competir a un cada vez más competitivo mercado laboral, y que en estos tiempos de pandemia los trabajos son cada vez más escasos.