CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).-
Diputados federales de la coalición Va Por México (PAN, PRI y PRD) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho recurso es para evitar las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
«Estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación», señaló el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Romero.
Por su parte, Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, para que dé un fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
«Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023, para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos», dijo.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, expuso que durante el proceso legislativo para la aprobación del Plan B, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
También refirió que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
En ese sentido, el grupo parlamentario del PRI tuiteó en su cuenta de la red social que la «reforma electoral de Morena atenta contra el federalismo, la transparencia y la equidad en procesos electorales».
Este martes el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, adelantó que la coalición Va Por México presentaría esta acción de inconstitucionalidad, que es por separado a las que presentaron sus respectivos partidos.
Señaló que el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador le otorga ventajas a los posibles candidatos de Morena, ya que no sanciona las campañas adelantadas que realizan como funcionarios públicos.
«Hace que las campañas se adelanten y que no exista sanción alguna por el hecho de que los funcionarios públicos, principalmente las «corcholatas», hagan campaña, reciban aportaciones y estas se traduzcan en propaganda», señaló Creel Miranda.
Oposición en el Senado interpone acción de inconstitucionalidad contra Plan B. El Bloque de Contención del Senado, integrado por el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, presentaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto promulgado en diciembre pasado, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del Plan B en materia electoral.
Los grupos parlamentarios de oposición señalaron que estas modificaciones alteran el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulneran la legalidad y atentan contra la Constitución. Argumentaron que también violan la veda legislativa, al promulgarse una ley en materia electoral sin respetar el plazo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales, pues están en curso las elecciones en el estado de México y Coahuila.
Además «atentan en contra del proceso parlamentario. Los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados y ponen de manifiesto el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en las elecciones a través de propaganda.
Recordaron que un elemento fundamental en cualquier sistema democrático son las elecciones libres y denunciaron que el gobierno federal busca modificar las reglas del juego en beneficio de su partido y sus candidatos, «lo que constituye un atentado a las libertades de los mexicanos».
El Bloque de Contención reiteró su confianza en que la SCJN actuará con independencia y autonomía y desahogar a este recurso a la brevedad, debido a la cercanía del proceso electoral federal.
