Ante el grave problema del consumo de alcohol y accidentes automovilísticos en jóvenes relacionados a esto, la diputada del Verde Ecologista, Genny López, manifestó que presentará una iniciativa para que a menores de 21 años no se les pueda vender bebidas alcohólicas.
Dio a conocer que niños de 9 a 13 años de edad prueban por primera vez el alcohol en México y el 50% de los jóvenes en edad reproductiva en Aguascalientes toman bebidas embriagantes y lo hacen antes, después de clases, sobre todo en horarios vespertinos.
“A mucha gente no le va a gustar esto que estoy diciendo, pero Aguascalientes tiene un problema serio de accidentes automovilísticos en jóvenes asociado al alcohol”, señaló.
La legisladora indicó que las madres y padres de familia deben estar presentes en la educación de sus hijos, pero si desde el Congreso del Estado se puede regular la edad mínima a 21 años para que se les pueda vender alcohol, entonces se hará.
Explicó que el desarrollo cerebral concluye a los 21 o 22 años de edad, por lo que no se puede señalar que es normal que los jóvenes tomen alcohol.
Reconoció que habrá resistencia por algunos grupos de la sociedad, pero se debe buscar la manera de elevar la edad.
Además, apuntó que casi no se habla de la discapacidad que padecen algunos jóvenes que sufren accidentes provocados por el consumo de alcohol.
Por otro lado, la diputada del Verde Ecologista presentó una iniciativa de competencia federal de suma importancia para abordar un grave problema de salud pública, que afecta a millones de mexicanos como los productos engaño.
Manifestó que la iniciativa busca prohibir la producción, distribución, venta y suministro de productos engaño a nivel nacional, fortaleciendo el marco legal actual con sanciones más severas para quienes comercialicen estos productos fraudulentos.
Mencionó que el uso no supervisado de estos productos puede causar problemas metabólicos, osteoporosis, hipertensión y otras complicaciones irreversibles que afectan la salud a largo plazo.
COFEPRIS y PROFECO serán esenciales en la implementación y supervisión de las nuevas regulaciones, asegurando que los consumidores estén protegidos frente a prácticas fraudulentas y dañinas.
