«La verdad histórica se ha colapsado».
ALEJANDRO ENCINAS
No ha cambiado mucho lo que sabemos sobre lo sucedido en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La «verdad histórica» sigue prevaleciendo. Una cosa que ya no es igual es que, en parte por el esfuerzo del GIEI y de los líderes del movimiento de Ayotzinapa, unas 70 personas involucradas en el secuestro y matanza de los normalistas han sido liberados por los jueces. Otro cambio es que la actual Fiscalía General de la República está persiguiendo no a quienes mataron a los normalistas sino a quienes investigaron el caso.
El nuevo enfoque se basa en un dogma repetido mil veces: no hay verdad histórica. «No sé qué los llevó a crear la llamada verdad histórica —dijo el presidente López Obrador el 28 de septiembre—. Debieron de actuar con transparencia, sin consideración para nadie. Es un absurdo el querer tapar las cosas. Siempre se conoce la verdad».
«Verdad histórica», sin embargo, es el término jurídico que en el sistema penal inquisitivo describía la hipótesis que daba sentido al cúmulo de pruebas presentadas ante un tribunal. La expresión se contrapone al de «verdad legal» o «jurídica» que surge del fallo del juez.
La propuesta de verdad histórica para la noche del 26 de septiembre es que un grupo de normalistas de Ayotzinapa llegó a Iguala en autobuses robados en Chilpancingo, tomaron otros en Iguala, fueron confrontados violentamente por policías municipales, decenas fueron detenidos y entregados a policías de Cocula, que a su vez se los dieron a sicarios de Guerreros Unidos que pensaban que eran integrantes del grupo rival Los Rojos. Algunos de los normalistas fueron llevados al basurero municipal de Cocula, donde fueron asesinados y sus cuerpos quemados.
No hay hasta el momento una versión alternativa. Se ha planteado que quizá sólo fueron 19 los estudiantes quemados en Cocula, pero esto no cambia la verdad histórica en lo fundamental. El GIEI declaró que no era posible que se hubiera consumido un solo cuerpo en el basurero, pero los especialistas han determinado que la incineración sí pudo tener lugar. Aun si ningún normalista hubiera sido quemado, empero, no cambiaría la verdad histórica, ya que ésta respalda acusaciones por secuestro y homicidio, no por una disposición ilegal de cadáveres.
El Gobierno hoy señala que está presentando acusaciones contra elementos del Ejército y la Policía Federal, pero los acusa de haber sido omisos, no de haber secuestrado y ejecutado a estudiantes. También se han promovido cargos contra Tomás Zerón, ex-director de la Agencia de Investigación de la PGR, pero no por haber ordenado o cometido los secuestros y homicidios, sino por haber torturado a presuntos responsables y haber obstruido la justicia.
Los líderes de Ayotzinapa y los integrantes del GIEI han tenido logros, pero son logros políticos: han desacreditado la verdad histórica y han conseguido la liberación de decenas de los que participaron en la matanza. No han ofrecido, sin embargo, una versión distinta de los hechos. Propusieron que fue un crimen de Estado y exigieron que se abrieran las puertas del cuartel del 27º batallón de infantería para buscar a los normalistas en las mazmorras y exhibir los hornos crematorios. Nada de eso se encontró en el interior.
La verdad legal no debe definirse por dogmas políticos. Les debemos a los familiares de las víctimas saber lo que sucedió. Es obsceno que los políticos pretendan manipular la verdad a su conveniencia.
EL MÁS ATACADO
Dice AMLO que es el presidente más atacado desde Madero, pero una revisión realizada por Luis Estrada de SPIN tiene otros datos. El presidente señalaba que el 24 de septiembre 66% de las columnas periodísticas sobre él fueron negativas. En esa misma fecha del segundo año de Gobierno, Enrique Peña Nieto tuvo 73% de columnas críticas.
