“No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas”.
Mary Shelley
Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que sirve de marco para refrendar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Dentro de las diversas peticiones está la homologación salarial, la paridad en los puestos públicos y la justicia antipatriarcal entre las que más destacan el discurso.
La fecha de la conmemoración está vinculada a la tragedia del 8 de marzo de 1908, cuando se registró un incendio en una fábrica de Nueva York donde laboraban mujeres, falleciendo la mayoría. Al paso de los años las demandas de las mujeres acompasada a su incansable denuedo han logrado avanzar, la mujer tiene más, muchísimos más espacios, logros, conquistas, leyes específicas, tiene voz y voto de cuando era invisible.
Lamentablemente las conquistas siguen siendo regionales, las que habitan las grandes ciudades cuentan con más opciones, las que viven en comunidades alejadas, apartadas, siguen viviendo el pasado, nulas oportunidades de superación, de educación, de desarrollo, de impartición de justicia, siguen siendo víctimas del abuso pecuniario carnal, niñas y jovencitas son vendidas o canjeadas por animales, dinero, cervezas o parcelas; es una triste y lamentable realidad. Organizaciones civiles estiman que 300 mil niñas han sido vendidas para ‘matrimonio’ en el estado de Guerrero desde hace décadas; es una cifra estimada, desde luego, porque la mayoría de esas uniones no se registran.
La organización no gubernamental “Yo quiero, Yo puedo”, trabaja en el municipio de Metlatónoc (al sur de Iguala, en Guerrero) para erradicar la venta de menores. Pero el fenómeno sigue en La Montaña, en donde las mujeres son vendidas desde 5 mil a los 200 mil pesos, lo que deriva en los embarazos en niñas desde los 13 años en promedio.
Mas no es la única región donde se practica este deleznable comercio, de acuerdo a estimaciones de organizaciones no gubernamentales, tres de cada diez niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas para matrimonios forzados bajo el argumento de usos y costumbres. Es una práctica cotidiana en sus entornos y donde el Estado no quiere intervenir para poner un alto, denunció la diputada priísta Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Cruz Mendoza mencionó que la venta de niñas sucede cotidianamente en esas tres entidades, señaló el caso de una adolescente que huyó de un matrimonio forzado por el que su familia recibió 120 mil pesos. El caso de la jovencita salió a la luz en octubre del año pasado, luego de que la Policía Comunitaria de Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, la detuviera a ella y a sus tres hermanas menores, y la encarcelara como medida de presión hasta que sus padres devolvieran al suegro la cantidad que pagó por ella para que se casara con su hijo. La jovencita denunció que huyó de la casa de sus suegros porque el padre de su esposo la intentó violar en cuatro ocasiones bajo el pretexto de que había pagado por ella. Irónico; fue la niña y no el abusador quien quedó en prisión.
Eufrosina Cruz narró otra historia, una niña mixteca de 10 años fue vendida por sus hermanos a cambio de 50 cartones de cerveza. También está el caso del cacique de un poblado de Mazatlán Villa de Flores, en Oaxaca, que tenía tres niñas como esposas justificando que nada más él las podía mantener, justificando masculinidad en su poder adquisitivo.
La diputada Eufrosina para contrarrestar los nefandos usos y costumbres propuso una adición o un capítulo nuevo al Código Penal, para que sea una sanción privativa de la libertad a quien tenga la tutela, la curatela, quien tenga la adopción y quien también entregue en especie o en recurso económico (el pago). “¿Cómo es posible que sí sancionan la compra o robo de una vaca? ¿O en la invasión de una tierra en la misma comunidad, ahí sí hay una sanción? ¿Y cómo en la entrega forzada no hay sanciones?”. “Si el señor que va a entregar a su hija en matrimonio sabe que se va a la cárcel, lo va a pensar dos veces, pero esto tiene que ir acompañado de políticas públicas”, argumentó la diputada en la Cámara de Diputados.
El problema en nuestro país es que desde Palacio Nacional se desdeña el problema. En octubre del año pasado el presidente López Obrador acudió a Guerrero, donde manifestó tajantemente que su visita a La Montaña de Guerrero no fue para revisar el tema de la venta de niñas. “Ahora que fuimos a La Montaña, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: ‘¿A ver, qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas?, ¿lo de la prostitución de niñas?’. No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Qué, ¿acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?, entonces toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o mejor dicho la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas”, expresó con desdén al comercio de niñas.
La declaración del Presidente es la postal del desinterés de su Gobierno por la procuración de los derechos de la mujer.
